Los vacios legales y la ineficacia de la Administración todavía dificultan su implantación
«Todavía no hay en Galicia un compromiso político por el software libre», reflexiona Javier Vázquez. Pero ya se han dado pasos en esa dirección. El Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información impulsado desde la Xunta identifica cual es la ruta para hacer que este rincón penínsular converja con el resto de la UE en materia de nuevas tecnologías.
Y asume en las conclusiones del Plan una labor tractora para que el software libre no sólo sea cuestión de la Xunta sino del resto de administraciones: «A Administración galega pode aportar ás deputacións e aos concellos as plataformas e recursos tecnolóxicos necesarios para o desenvolvemento dos seus servizos públicos electrónicos, sobre todo naqueles concellos con menos e en ámbolos dous casos, as accións divulgativas e de formación orientadas a explicar aos responsables técnicos dos concellos e das empresas as avantaxes que pode ter a implantación de solucións de software libre, configúranse como outro conxunto de iniciativas prioritarias na execución do PEGSI».
Escenario general
En el ambito de toda España, el Congreso de los Diputados acaba de aprobar una proposición no de ley en la que el propio grupo socialista insta al Gobierno de su mismo color a impulsar la promoción del software libre.
En ella no se alude a adopciones obligatorias, pero sí a que se considere que es una opción tan económica como solvente y que los concursos públicos de compra de aplicaciones evalúen las soluciones de software bajo criterios de coste, funcionalidad, seguridad e interoperatibilidad.
De lo que se trata es de evitar situaciones que tienen difícil explicación y que invitan a Javier Vázquez a afirmar que desde el poder político todavia no existe un compromiso firme por el software libre. Hace año y medio, una licitación pública del Sergas sufrió una denuncia porque en sus bases se descartaba de antemano la opción de software libre o incluso de software privativo que no fuera de un determinado proveedor.
Esclavos de una determinada tecnología, el Sergas hace examen de conciencia, pero no rompe esa dependencia hasta el punto de que en febrero de este año sacó otro concurso público en el que destinaba más de 600.000 euros a pagar licencias que caducaran en dos años. Y entonces habrá que volver a romper la hucha por más que un informe del Tribunal de Contas definiera no hace mucho que «as decisións sobre uso de software que impliquen custos para a administración deben xustificarse amplamente».
Y añade: «Non é admisíbel legalmente a adopción implícita de decisións sobre a instalación de determinado software que supoñen a asunción de gastos millonarios para o Estado sen as debidas formalidades e garantías».
(fuente: la voz)
